"EL ESEQUIBO ES DE VENEZUELA"

sábado, 28 de junio de 2014

Concesiones petroleras (Apuntes en 5 Tiempos)

Frente de Comunicadores Revolucionarios SXXI
Con la ayuda de la dictadura militar-fascista de Pérez Jiménez, las empresas petroleras logran desarrollar una ofensiva para quebrar la resistencia que opusieron los gobiernos de Medina Angarita y de Rómulo Gallegos en el sentido de no otorgamientos de nuevas concesiones, procurando conservar una pequeña parte de las reservas de hidrocarburos de Venezuela. Eduardo Machado, México 1957

“En 1845 el Congreso de la República sancionó el primer Código de Leyes de Minas y en 1855, en su Reglamente fue ratificada como propiedad de la Nación el subsuelo y todo lo en él contenido. ‘La propiedad de las sustancias designadas en el artículo anterior-metálicas, combustibles o piedras preciosas-corresponde al Estado y ninguno podrá beneficiarlas sin concesión del Poder Ejecutivo en la forma que se dispone en las Leyes del Código de Minas…’, quedando así establecidas las bases del régimen de concesiones que caracterizó la legislación minera de Venezuela: la Nación, por ser propietaria del subsuelo, puede explotar directamente las minas o, previo cumplimiento de disposiciones contenidas en las leyes, otorgar a un particular la concesión de explotarlas. Salvador de la Plaza en Breve Historia del Petróleo en Venezuela. Abril 14 de 1970.

“No se trata de aumentar nuestros ingresos solamente, de lo que se trata es de reconquistar nuestra independencia y de proceder con nuestros propios medios crear y defender nuestra industria petrolera.Por resolución del próximo Congreso debe quedar establecido de una vez por todas, que no se otorgarán nuevas concesiones-ni de petróleo, ni de hierro, ni de bauxita-; que los yacimientos y depósitos que nos quedan deben ser explotados directamente por nosotros mismos y para beneficio de la colectividad venezolana”. Salvador de la Plaza (1959)

Derechos legales que otorga el Estado, mediante un contrato o convenio, a una empresa privada (concesionaria) para el manejo de la actividad petrolera en el país, durante un tiempo determinado.

Los primeros tiempos del régimen concesionario en Venezuela se caracterizaron, de un lado, por la lucha de las empresas extranjeras entre sí, para tratar de apoderarse de las mejores áreas prospectivas, con la ayuda de los intermediarios o testaferros venezolanos, y, del otro lado, por la búsqueda de la República por darle un cauce legal a las actividades petroleras y mejorar la participación de la nación en las ganancias producidas por tales actividades.

Las primeras concesiones, por lo menos de nombre, fueron otorgadas a venezolanos. En los años siguientes esta política de concesiones se impuso y ya no a tientas, sino impulsada por los consorcios angloholandeses desde la sombra, utilizando a venezolanos que habían perdido todo sentido de dignidad nacional. Ejemplos: El 31 de enero de 1907, Andrés J. Vigas obtuvo derechos para explotar el petróleo en todo el Distrito Colón del Estado Zulia, aproximadamente unos dos millones de hectáreas. Esta concesión fue traspasada inmediatamente a la Colon Development Company, filial del trust Royal Dutch-Shell. En el mismo año le fueron otorgadas 1.000.000 de hectáreas a Antonio Aranguren; en 1907 a Francisco Jiménez Arráiz por 500.000 hectáreas en Falcón y Lara; en 1907 a Bernabé Planas por 500.000 hectáreas en Falcón. Estas concesiones constituyen la norma de la política seguida por el Estado venezolano en las décadas iniciales de la era del petróleo.

Las primeras concesiones otorgadas en Venezuela estuvieron regidas por las legislaciones mineras vigentes en la época. A finales del siglo XIX y durante las dos primeras décadas del XX no había en el país leyes propiamente petroleras. En 1917 durante la Primera Guerra Mundial, iniciada ya la exportación de hidrocarburos venezolanos, se decide suspender el otorgamiento de nuevas concesiones y someter a revisión las condiciones en que venían siendo concedidas.

Reflexión necesaria:
“La política petrolera de no más concesiones, de la limitación de la producción, de creación de una industria petrolera nacional, de mayores ingresos fiscales (royalty y participación en la utilidades), de control del Estado sobre la actividades de los concesionarios, no fue planteada por primera vez en este país con posterioridad a febrero de 1959, sino aspiración enarbolada desde 1936 por el movimiento progresista, limitándonos nosotros a divulgarla en artículos publicados en 1958”. Salvador de la Plaza (1963)

Voceros de grupos anti-nacionales han planteado de nuevo, desde las columnas de la prensa, la cuestión de que se deben otorgar más concesiones petroleras a las Compañías que actúan en el país. La actualización de esta cuestión exige que se tome una posición al respecto, tanto más cuanto que el denuncio contra el Cartel Internacional del Petróleo llevado a cabo en los mismos EE.UU. facilita que se pueda hacer comprender mejor al pueblo venezolano la consigna de “NO MÁS CONCESIONES”, que continúa siendo justa, aunque por otras razones muy diferentes a las aducidas por otra organización política (AD)

Se recordará que Acción Democrática le dio mucho énfasis a esa consigna, oponiéndola a la política, que atribuía al “medinismo”, de haber otorgado muchas concesiones a las Compañías con posterioridad a la Ley de 1943. Pero, al explicarla, Pérez Alfonso dejó ver las verdaderas razones de AD. Declaró que AD se oponía a dar nuevas concesiones porque, de acuerdo con la fórmula del 50-50, Venezuela no debía otorgarlas sino a aquellas Compañías que por su desarrollo técnico y, por consiguiente, por el más bajo costo de producción que alcanzaban, estuvieran en posibilidad de asegurarle a Venezuela una mayor participación en el 50-50 de las utilidades. Se oponían, por tanto, a otorgar concesiones a compañías pequeñas porque éstas, por su poco desarrollo técnico, necesariamente sus costos de producción tenían que ser más elevados y, en consecuencia, Venezuela percibiría una participación más reducida de utilidades. En verdad, y dados sus compromisos con Rockefeller, la consigna de no más concesiones en este caso equivalía a reservar yacimientos petroleros para la Creole, la más desarrollada técnicamente de todas las Compañías del mundo.

Para 1947 estaban otorgadas 10.759.567 hectáreas en concesiones de un total de 90.000.000 que tiene el territorio nacional. Para 1949, esa superficie de concesiones había descendido a 6.500.000 hectáreas por renuncia de algunas concesiones, y por la parte de las exploradas que a la Nación correspondía de acuerdo con la Ley y que pasaron a aumentar las reservas nacionales. Del total de hectáreas en concesión, el 90% corresponde a la Creole, Socony, Mene Grande y Shell, y el 10% a las demás Compañías pequeñas. De las 6.500.000 hectáreas, sólo tienen en explotación 168.485, es decir, el 2.50% de la superficie concedida. Por lo que las Compañías, especialmente las cuatro más grandes y que forman parte del Cartel Internacional del Petróleo, cuentan todavía con 6.331.515 hectáreas en las cuales poder realizar ampliamente exloraciones y localizar yacimientos aún no probados o conocidos.

El reducido número de hectáreas que explotan (168.485 hectáreas de las 6.500.000 que tienen en concesión) demuestra que esas compañías, si no han explorado y explotado más hectáreas es porque con las que tienen en explotación cubren sus planes de trabajo inmediato, dándose el caso de tener un gran número de pozos localizados debidamente sellados y sin explotar. Solicitan más concesiones para apoderarse y controlar nuestros yacimientos.

La protección de nuestros yacimientos y la defensa de esa riqueza para bien de las generaciones futuras, determina que no deben darse más concesiones a esas Compañías. Cerrar drásticamente el otorgamiento y, por medio del control del Estado, obligarlas a cumplir las obligaciones legales en cuanto a las concesiones de que hoy disponen, realizando exploraciones para determinar el monto de las reservas nacionales y sepa la Nación la cantidad de petróleo probado con que cuenta, y realizar la explotación en una forma racional y no exhaustiva como hasta ahora lo han venido haciendo con gran detrimento de la riqueza nacional.

El pronunciamiento de “No más concesiones al Cartel Internacional”, nos lleva a considerar que para contrarrestar la hegemonía que ese Cartel ejerce sobre la explotación de nuestro petróleo (el 80% de las concesiones otorgadas), se impone de urgencia el que Venezuela por sí misma y directamente, explote sus reservas y explore el resto del territorio, concurriendo al mercado internacional como productor independiente. Hegemonía, por lo demás, que se expresa en el petróleo extraído y exportado en la siguiente forma: De 1.823.088 barriles que se produjeron por día (término medio en los meses de mayo, junio y julio de 1952), 1.708.388 barriles produjeron las cuatro Compañías del Cartel, la Creole, la Socony, La Mene Grande y la Shell, por lo que las restantes Compañías sólo produjeron 114.700 barriles por día, cantidad ínfima. Es necesario, pues, contrarrestar esa hegemonía, ese monopolio a todas luces pernicioso por cuanto está en posibilidad de aumentar o disminuir la producción y, en consecuencia, aumentar o disminuir la renta petrolera y de esta manera coaccionar al país. De aquí que la política justa sea: No más concesiones a las Compañías del Cartel Internacional (Creole, Socony, Mene Grande, Shell).


Para defendernos de ese Cartel, para lograr nuestra independencia económica y recuperar nuestra comleta soberanía, las consignas esenciales son: No más concesiones petroleras a las Compañías que integran el Cartel; exploración directa por el Estado del territorio nacional; explotación directa por el Estado de las reservas nacionales; instalación de refinerías para proveer al mercado interno de sus necesidades de gasolina, combustibles pesados, etc. y exportación de los excedentes; creación de las bases para el desarrollo de la economía nacional independiente, por medio de la incorporación de la población al proceso de producción ( dotación de tierras en propiedad a los campesinos, obras de riego, carreteras, canales, etc.; incremento de la industria nacional, alentando a los sectores privados, etc). Salvador de la Plaza (1953)
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