"VENEZUELA SE RESPETA"

domingo, 6 de julio de 2014

Decreto de Minería (24 de octubre de 1829) Apuntes en 5 Tiempos

Frente de Comunicadores Revolucionarios SXXI
“El Libertador Simón Bolívar en su visionario decreto de Quito (1829) estableció que ‘conforme a las leyes, las minas de cualquier clase corresponden a la República’ y advirtió la importancia de ‘asegurarse su propiedad’ porque tales recursos son ‘una de las principales fuentes de riqueza pública’. Tal entendimiento sobre la propiedad de las tierras y el subsuelo tiene una importancia meridiana a la luz del rol que cumple el petróleo en la sociedad global contemporánea. En consonancia con esta visión, el Gobierno Bolivariano de Venezuela ha dado un vuelco revolucionario al sistema de regulación petrolera y al modelo neoliberal de desarrollo, ambos heredados de la IV República”. Rafael Ramírez (2006)
“En Venezuela, conforme el Decreto del Libertador de octubre de 1829, el subsuelo, y por consiguiente el petróleo, el gas, es propiedad de la Nación, a diferencia de otros países, tal los Estados Unidos, en el que el propietario del suelo lo es también del subsuelo, por lo que las legislaciones de hidrocarburos de estos dos países son esencialmente diferentes. En Venezuela, la Ley vigente establece que el Estado, en representación de la Nación, puede proceder directamente a extraer, manipular y vender el petróleo y gas contenidos en los yacimientos u otorgar a particulares concesiones para que los exploten, refinen, etc., previo el cumplimiento de determinados requisitos, el pago de impuestos específicos y generales (el de la Renta) y de entregar al Estado una parte del petróleo que sea extraído-el ‘royalty’-, fijada en 16 2/3 de la producción.
Por causas sobradamente conocidas, el Estado no solamente había renunciado a extraer y manipular directamente el petróleo, sino que, incluso, en lugar de recibir el ‘royalty’, en especie para manipularlo y abastecer el mercado interno, optó por recibir de los concesionarios su equivalente en dinero, política que generó que los grandes trusts extranjeros controlaran desde los comienzos todas las operaciones de extracción, refinación y venta de nuestro petróleo y, por derivación, que interfirieran, obstaculizaran y distorsionaran el desarrollo económico del país, manteniéndolo en situación de permanente subdesarrollo y convirtiéndolo en dependiente económica y políticamente de los países de origen de los trusts concesionarios, principalmente de Estados Unidos”. Salvador de la Plaza (1967)
El 24 de octubre de 1829, el Libertador promulgó en Quito un Decreto de Minería, que establecía tácitamente en su artículo primero que las minas pasaban del dominio de la Real Corona española al dominio de la República, como consecuencia de una declaración expresa emanada de la autoridad legítima: “Conforme a las leyes, las minas de cualesquiera clase, corresponden a la República...”.
La pretensión de las normas del Decreto era, además de la precedente – según rezan sus considerandos–, fomentar la minería, abandonada durante la existencia de la Gran Colombia. Nada más conveniente para una sociedad económicamente exhausta, como era la sociedad grancolombina de 1829, si se quería otorgar seguridad a los ciudadanos y promover el espíritu de empresa, que revalidar la concesión como medio jurídico de acceso a la explotación de las minas, conservando de esa manera la tradición del derecho regalista español. Por ello, en el resto del artículo primero se puede continuar leyendo:
“...cuyo Gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones expresadas en las Leyes y Ordenanzas de Minas, y con las demás que contiene este Decreto”. Por otra parte, el artículo 38 del Decreto de Minería estableció que: “Mientras se forma una Ordenanza propia para las minas y mineros de Colombia, se observará provisionalmente la Ordenanza de Minas de Nueva España (...) exceptuando todo lo que trata del Tribunal de Minería y Jueces Diputados de Minas y lo que sea contrario a las Leyes y Decretos vigentes. Tampoco se observará en todo lo que se halle reformada por el presente Decreto”. J. Mora Contreras.
Gracias al Decreto del 24 de octubre de 1829, el Libertador Simón Bolívar transfirió esa soberanía al Estado de la República de Colombia. Después de la desintegración de la Gran Colombia, esa soberanía minera es ratificada varias veces en la legislación venezolana. Desde entonces, varias décadas antes de la aparición de la industria petrolera, los recursos del subsuelo se constituyen en patrimonio colectivo de los venezolanos. Con ese principio legal quedó determinada también la forma como los particulares podían acceder a la explotación de tales bienes colectivos: mediante una concesión otorgada por el Ejecutivo, pagando una cuota proporcional de regalía sobre los volúmenes extraídos y sometiéndose a la soberanía impositiva de los poderes públicos. Y bajo esta estructura formal se organizó la explotación de hidrocarburos en Venezuela y prosperó el “régimen concesionario”, durante cuya existencia el Estado venezolano fue reivindicando, paulatinamente una proporción creciente en los beneficios del negocio petrolero.

Reflexión necesaria:

“En Venezuela, conforme el Decreto del Libertador de octubre de 1829, el subsuelo, y por consiguiente el petróleo, el gas, es propiedad de la Nación, a diferencia de otros países, tal los Estados Unidos, en el que el propietario del suelo lo es también del subsuelo, por lo que las legislaciones de hidrocarburos de estos dos países son esencialmente diferentes. En Venezuela, la Ley vigente establece que el Estado, en representación de la Nación, puede proceder directamente a extraer, manipular y vender el petróleo y gas contenidos en los yacimientos u otorgar a particulares concesiones para que los exploten, refinen, etc., previo el cumplimiento de determinados requisitos, el pago de impuestos específicos y generales (el de la Renta) y de entregar al Estado una parte del petróleo que sea extraído-el ‘royalty’-, fijada en 16 2/3 de la producción.

“Por causas sobradamente conocidas, el Estado no solamente había renunciado a extraer y manipular directamente el petróleo, sino que, incluso, en lugar de recibir el ‘royalty’, en especie para manipularlo y abastecer el mercado interno, optó por recibir de los concesionarios su equivalente en dinero, política que generó que los grandes trusts extranjeros controlaran desde los comienzos todas las operaciones de extracción, refinación y venta de nuestro petróleo y, por derivación, que interfirieran, obstaculizaran y distorsionaran el desarrollo económico del país, manteniéndolo en situación de permanente subdesarrollo y convirtiéndolo en dependiente económica y políticamente de los países de origen de los trusts concesionarios, principalmente de Estados Unidos”. Salvador de la Plaza (1967) 
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